La violencia condena a Haití: Médicos Sin Fronteras cierra dos centros y Cruz Roja alerta de que “la vida se vuelve cada vez más precaria”

La organización internacional Médicos Sin Fronteras ha decidido cerrar dos centros de atención sanitaria en Puerto Príncipe debido a la violencia que enfrenta su personal. Gabriel Mayorga, responsable de Asuntos Humanitarios de MSF en Haití, ha explicado que cuatro de sus vehículos fueron atacados mientras se trasladaban en un convoy y tres de ellos recibieron 15 impactos de bala, lo que demuestra el acoso que la organización sufre en el país. “Aunque ninguno de nuestros colegas sufrió lesiones de consideración, sí quedó claro que hay unas agresiones repetidas y cada vez más intensas contra los servicios de salud y en este caso contra MSF”, ha alertado Mayorga. “Esperamos que todos los actores nos brinden unas garantías mínimas y un respeto para poder continuar con nuestra atención a todas las personas víctimas de violencia, desplazados internos, sobrevivientes de violencia sexual”, ha exigido.

El ataque es un capítulo más en la pesadilla de violencia que sufre la pequeña nación, donde se han registrado al menos 75 muertos por el avance de las bandas criminales en los últimos días. La Cruz Roja Internacional ha alertado de que los servicios básicos se han paralizado, las escuelas han cerrado y el sistema de salud está colapsando. Los enfrentamientos entre los grupos armados y las fuerzas gubernamentales han sumido al país en un caos. “La vida se vuelve cada vez más precaria”, ha advertido esa organización.

“Hoy 8 de abril [por el martes] estamos anunciando la suspensión y cierre temporal de dos hospitales de Médicos Sin Frontera en Puerto Príncipe. Se trata de una suspensión inicial de tres meses, en los proyectos de urgencias de Turgeau y el hospital de traumatología de Carrefour. Todo eso en un contexto en el que el sector público de salud no cuenta con los recursos, la capacidad ni el acceso para responder a este tipo de problemáticas de salud”, ha explicado Mayorga en un audio. “Lastimosamente, se tomó esta decisión luego de un análisis interno, de una reflexión, a partir de múltiples incidentes, agresiones, amenazas que hemos recibido desde el año 2024, que han venido incrementándose en intensidad y frecuencia a finales de 2024 y han continuado en 2025. En un último incidente, cuatro de nuestros vehículos que se movilizaban en un convoy fueron atacados, tres de ellos recibieron 15 impactos de bala y, aunque ninguno de nuestros colegas sufrió lesiones de consideración, sí quedó claro que hay unas agresiones repetidas y cada vez más intensas contra los servicios de salud y en este caso contra MSF”, ha informado. La organización ha asegurado que continuará trabajando con otros proyectos en las demás zonas de Puerto Príncipe, pero ha exigido garantías de seguridad a las autoridades. “La población más necesitada requiere de una respuesta en servicios de salud y otro tipo de protección en este contexto”, ha asegurado Mayorga.

La violencia no da tregua en Haití. Las decenas de asesinatos de los últimos días son una consecuencia de los choques entre pandillas que controlan la mayor parte del país. Se trata de un enfrentamiento sangriento entre las bandas que siembran el terror y mantienen una guerra con las diezmadas fuerzas policiales haitianas. Desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse, en 2021, el país sufre un vacío de poder que las agrupaciones violentas han aprovechado. Organizaciones de derechos humanos y la ONU estiman que la disputa por el control de la capital por parte de agrupaciones terroristas ha avanzado a tal nivel que ya controlan más del 80% de Puerto Príncipe. La violencia ha dejado más de 5.000 asesinatos, secuestros, más de un millón de personas forzadas a desplazarse tanto internamente como fuera del país y sistemáticas violaciones sexuales. Las atrocidades de los últimos días por las disputas entre 60 pandillas se ha cebado con los municipios de Mirebalais y Saut d’Eau, en el centro de Haití, informa Efe, que cita declaraciones ofrecidas este miércoles por Délin Boyer, director del departamento del centro de la Policía Nacional. ”El trabajo continúa. Seguimos haciendo retroceder a las bandas para obligarlas a abandonar la ciudad definitivamente. El trabajo no es fácil, pero necesitamos el apoyo de todos, y sobre todo el de la población civil”, ha manifestado el funcionario. Las palabras de Boyer suenan más a un grito de auxilio que a un verdadero avance para frenar a los criminales.

La Cruz Roja Internacional ha alertado en un comunicado difundido esta semana de que los enfrentamientos entre los grupos armados de la coalición Viv Ansanm y las fuerzas gubernamentales “han sumido al país en un caos que ha hecho casi imposible que la población acceda a los servicios que necesita”. “Todas las necesidades aquí son urgentes”, ha afirmado Marisela Silva Chau, jefa de la delegación del Comité Internacional de Cruz Roja (CICR) en Haití. “Los servicios básicos se han paralizado: las escuelas están cerrando, el sistema de salud está colapsando y encontrar agua y alimentos se ha vuelto extremadamente difícil. Esto afecta tanto a las personas que han tenido que abandonar sus hogares como a quienes permanecen en estas zonas asediadas”. El CICR ha afirmado de que desde enero de 2024, más de 5.600 personas han muerto y más de un millón se han visto obligadas a abandonar sus hogares. La crisis ha ido de mal en peor desde noviembre de 2024, con enfrentamientos que han alcanzado varias zonas nuevas, como Kenscoff en febrero de 2025 y Mirebalais en marzo de 2025, ha advertido ese organismo.

Los periodistas y los medios de comunicación en general también son víctimas de esa situación dantesca. Un informe de Reporteros Sin Frontera advierte de acosos, amenazas y hecho de violencia contra reporteros y corresponsales, muchos de ellos obligados a la censura y el exilio, además de sufrir la falta de recursos, la desidia de las autoridades y el difícil acceso a fuentes de información confiables. Al menos 15 periodistas han sido asesinados en los últimos años. “Desde 2021, también son el blanco de bandas criminales, y víctimas de amenazas, ataques, secuestros o asesinatos con total impunidad. Desde la caída del gobierno de Ariel Henry en marzo de 2024, el periodismo está aún más acorralado entre una ola de violencia generalizada y la crisis social, económica y política”, afirma la organización.

La violencia ha dejado una estela de destrucción y miseria en un país que aún no se levanta de los estragos del devastador terremoto de 2010. “Los hospitales ya no pueden funcionar correctamente: el Hospital Universitario Estatal de Haití, el hospital público más grande del país, fue atacado justo antes de su reapertura. En muchos barrios, conseguir agua potable se ha convertido en un desafío diario y, en algunos casos, en un peligro mortal. A menudo, los residentes arriesgan su vida al ir en busca de agua, ya que algunos puntos de distribución se encuentran en zonas afectadas por los enfrentamientos armados. Tanto los proveedores de agua públicos como los privados dudan en adentrarse en estos barrios ante el riesgo de ataques”, relatan desde el Comité de Cruz Roja. La tragedia haitiana también afecta a la educación, porque más de 200 escuelas han sido destruidas desde 2024 y muchas más han debido cerrar, mientras que otras están ocupadas por familias desplazadas. “Cientos de miles de niños no pueden asistir a la escuela, un factor que podría exacerbar la inestabilidad del país a largo plazo. A esto se suma el trauma silencioso de la violencia sexual, que ha aumentado drásticamente. En enero de 2025, la ONU reportó un aumento del 1.000% en el número de casos de violencia sexual contra niños”, según el CICR.

La población de Haití sufre la mayor crisis humanitaria en el corazón del Hemisferio Occidental, sin que las grandes potencias manifiesten un mayor interés por el destino del pequeño país, antigua colonia arrasada por la voracidad de su conquistador, Francia. “El estallido de violencia y los ataques constantes son psicológicamente devastadores”, ha dicho Silva Chau. “Es necesario tomar medidas urgentes para prevenir la violencia sexual, garantizar la seguridad de las personas y atender a las víctimas. Tanto las familias como las comunidades necesitan apoyo psicológico para superar estas experiencias traumáticas”, ha pedido la funcionaria del CICR.